Ley de Transformación Digital en Chile: ¿Qué desafíos tiene la normativa para 2023?

Hace un par de años se promulgó la Ley 21.180, más conocida como Ley de Transformación Digital (TD), la cual establece un desafío importante a todo el sector público, tanto a nivel del gobierno central como de gobiernos locales: alrededor de 671 instituciones públicas deben implementar un modelo de atención con soporte digital en todos sus niveles.

Por el momento, el nivel de avance es relativamente bajo, pues según lo que informó la División de Gobierno Digital de Segpres, solo un 30% de los trámites ha sido digitalizado y un 49% de los servicios públicos del gobierno central está utilizando el sistema de Clave Única.

Actualmente existen diferentes dimensiones del proceso de implementación de la Ley que están en una línea preocupante. Por un lado, está su alcance y heterogeneidad de las instituciones que lo deben implementar, lo cual no calza con el tiempo de implementación, que ya fue modificado en el pasado.

Por otro lado existe la preocupación en cuanto a costos, destacando que hasta el momento no existe (públicamente) un precio estimado de cuánto saldría la implementación de estas medidas. Según lo que revela el informe financiero de la ley, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se estima un monto de 4.8 millones de dólares para un periodo de cuatro años, es decir, alrededor de 1.800 (mil ochocientos) dólares por institución al año.

Asimismo, otro de los elementos preocupantes, es la capacidad de la División de Gobierno Digital (DGD) para gestionar plataformas transversales de misión crítica, considerando por ejemplo, lo sucedido con la implementación de la Clave Única en estos últimos dos años.

Actualmente, Clave Única es casi tres veces superior en términos de transacciones a la red de cajeros automáticos, y nos encontramos en casi medio proceso de implementación (49%), destacando que al momento en el que se complete el total, se convertirá en el hub-transaccional más grande de Chile. Si a esto, le sumamos servicios como notificador, gestión documental y firma electrónica, por mencionar algunos, entonces podemos decir que el nivel de operaciones a las que va a llegar la DGD es gigantesco.

A partir de lo anterior, existen algunas medidas que se debiesen adoptar para enfrentar de mejor manera los desafíos tecnológicos que se aproximan:. Identificar adecuadamente el presupuesto que se va a destinar a apoyar estos cambios, tanto para el ente rector, esto es, la DGD, como para los recursos adicionales que se requieren para su implementación. Se debe desarrollar una estructura organizacional del ente rector para que se pueda abarcar el desafío operacional que esto conlleva.

Se deben establecer métodos y prácticas que puedan abordar las diferentes realidades institucionales, pues no todas las entidades operan bajo las mismas instrucciones. Hay que incluir un modelo de evaluación y riesgos, que permita llevar registro permanentemente sobre el estado de avance de la implementación de la ley, lo que permitirá poder proponer medidas correctivas de ser necesario.